VENEZUELA INHABILITA POLÍTICAMENTE AL OPOSITOR CAPRILES

CARACAS (AP) -- El dirigente opositor y excandidato presidencial venezolano Henrique Capriles fue inhabilitado por la Contraloría General para participar en eventos electorales por 15 años, según anunció él, una decisión que amenaza con incrementar las tensiones entre la oposición y el gobierno.

Capriles leyó extractos de la orden del contralor general en una manifestación el viernes en la noche, en la cual instó a sus partidarios a tomar las calles para defender sus derechos políticos y obligar a la expulsión del presidente Nicolás Maduro.

"Si la dictadura chilla es señal que estamos cabalgando, que estamos avanzando", afirmó Capriles en un animado discurso rodeado por otras figuras destacadas de la oposición, muchas de las cuales también han sido objeto de represalias administrativas y judiciales por parte del gobierno. "El único inhabilitado en Venezuela es Nicolás Maduro", manifestó.

El líder opositor de 44 años dijo que las acciones en su contra lo motivan a "declararse en campaña para cambiar el país". Resaltó, que sin pretensión política, saldrá a organizar al pueblo y recorrerá todos los rincones de Venezuela para llevar un "mensaje de cambio".

Capriles, gobernador del estado central de Miranda y uno de los críticos más acérrimos de Maduro, manifestó que la prohibición se dio a raíz de un proceso administrativo que le abrieron por presuntas irregularidades en su estado.

El dirigente indicó que este proceso forma parte de un "autogolpe" que aseguró está impulsando Maduro.

Por su parte, el mandatario no se refirió directamente a la inhabilitación en una presentación el viernes por la televisión estatal, pero instó a sus partidarios a no dejarse distraer por el discurso duro de "Capriloca", como suele llamarlo.

Maduro suele referirse a Capriles con frecuencia, y lo acusa de haber abandonado a los habitantes de Miranda para dedicarse a sus actividades políticas.

La prohibición ocurre cuando los opositores realizan constantes manifestaciones contra las autoridades luego de un fallo del Tribunal Supremo para asumir las funciones del Congreso, que posteriormente revirtió.

Varias de las protestas han sido reprimidas por policías y guardias nacionales, que además de detenidos y heridos ya han dejado un muerto: el universitario Jairo Ortiz Bustamante, de 19 años, quien falleció luego de recibir un disparo durante una manifestación nocturna en el municipio central de Carrizal.

De acuerdo a un comunicado difundido por el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, las investigaciones apuntan a que "el joven fallecido no se encontraba involucrado en ninguna manifestación política ni en hechos de violencia".

Destacó el ministro, a través de Twitter, que un agente de la Policía Nacional que actuó "por cuenta propia" sería el responsable del homicidio. Agregó que ese policía cumplía en la zona funciones al servicio del tránsito vehicular y no era parte del dispositivo de "control de orden público".

Capriles, quien ha liderado las protestas, llegó en 2008 a la gobernación de Miranda y fue reelecto en 2012.

La decisión de la Contraloría General, acusada de estar vinculada al gobierno, afecta a uno de los líderes clave de la oposición, lo cual podría recrudecer las tensiones, según los expertos.

El analista político John Magdaleno dijo a The Associated Press que esta sanción saca a Capriles de la competencia política.

"Se está sacando del juego a uno de los candidatos más competitivos de la oposición", dijo, y consideró que este escenario forzará a la coalición opositora a plantearse una nueva respuesta estratégica sobre sus eventuales candidatos para una contienda electoral.

Con relación al impacto que podría tener en el país, el analista indicó que "se van a recrudecer las tensiones", y agregó que la sanción se convertirá en una "motivación adicional" para las movilizaciones opositoras.

El director para las Américas del organismo activista Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, acusó al gobierno de Maduro de utilizar "sucias trampas" para sacar del juego democrático a sus adversarios políticos.

"Si aún queda alguna persona que cree en la fachada de democracia de Maduro, la inhabilitación de Capriles debería desmoronar esa fantasía. Venezuela sufre una dictadura", dijo Vivanco en un mensaje electrónico.

Capriles impulsó el año pasado un referendo revocatorio del mandato de Maduro, que fue suspendido por decisión de las autoridades judiciales y electorales.

Fue candidato de la coalición opositora en las elecciones presidenciales de 2012 en las que resultó ganador el fallecido Hugo Chávez. Al año siguiente se enfrentó a Maduro en unos comicios que perdió por un margen estrecho de diferencia.

La Contraloría General, que tiene a su cargo el control y revisión de la gestión de todos los organismos estatales y funcionarios públicos, afirmó en un comunicado que al gobernador se le "garantizó el derecho a la defensa y al debido proceso" oportunamente, y aclaró que "la ejecución de esta sanción administrativa" surtirá efectos a partir de la fecha en la cual el dirigente opositor cese en sus funciones como gobernador.

La sanción se da luego de que la Contraloría General declarara a principios de año la responsabilidad administrativa de Capriles y otros ocho funcionarios de la gobernación de Miranda por presuntas operaciones indebidas. Como parte del proceso el organismo le impuso a Capriles y a los otros funcionarios multas de 43.000 bolívares (unos 60 dólares).

Los funcionarios fueron procesados por seis casos que incluían una reconducción del presupuesto de 2011, donaciones que recibieron de Polonia y Gran Bretaña, un contrato para un mensaje publicitario que suscribió con una televisora local y un contrato de servicios funerarios para los empleados de la gobernación.

Capriles descartó que hubiesen implicado un "daño patrimonial" al Estado venezolano, como sostenían las autoridades, y sostuvo que las acciones de la Contraloría General buscan su inhabilitación política.

Es el tercer dirigente de la oposición que es inhabilitado políticamente. En 2004 la Contraloría General impuso una inhabilitación de casi 10 años al dirigente encarcelado Leopoldo López y recientemente inhabilitó por 15 años al exalcalde del municipio central de San Diego, Enzo Scarano.

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